La Corte de Constitucionalidad (CC) se retractó de la suspensión parcial de un párrafo del artículo 58 del Presupuesto de 2015, lo que implica que se mantienen los candados a las asignaciones presupuestarias para las carteras de Educación, Salud y Comunicaciones.
La CC había suspendido parcialmente todo este párrafo: “Las asignaciones presupuestarias de los Ministerios de Educación; Salud Pública y Asistencia Social; y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda no podrán ser objeto de disminución o traslado a otras instituciones, con excepción cuando la disminución sea para el pago de deuda pública.”
La ambigüedad de este párrafo y su suspensión completa implicaba que se eliminaran los candados, y que pudieran realizarse transferencias de cualquier naturaleza.
Sin embargo, la CC reconsideró esto y enmendó, para que se suspendieran únicamente las transferencias para el pago de deuda pública.
En su nueva resolución, fechada este 15 de enero de 2015, deja vigente este párrafo: “Las asignaciones presupuestarias de los Ministerios de Educación; Salud Pública y Asistencia Social; y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda no podrán ser objeto de disminución o traslado a otras instituciones".
Y mantiene la suspensión de esta línea: "con excepción cuando la disminución sea para el pago de deuda pública".
Con este fallo la CC restituye el candado al artículo y evitará el gasto discrecional que se podría dar mediante las transferencias. Las acciones de inconstitucionalidad contra el artículo en mención fueron presentadas por empresarios de la Cámara del Agro y las abogadas particulares Rosa María Montenegro Porta de Garoz y Annie Dougherty Arévalo.
La semana pasada la CC suspendió provisionalmente algunos artículos del Decreto 22-2014, relacionado al Presupuesto General del Estado 2015, con lo que se eliminaba la posibilidad de contratar organizaciones no gubernamentales de parte de Cocodes para adquirir servicios sin contar con fondos.
Los magistrados de la CC conocieron las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el CACIF y el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Orlando Blanco, pero procedió a rechazarlas.
Anteriormente, también había suspendido provisionalmente todos los artículos que implicaban un impuesto a la telefonía móvil.
