La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) reveló la forma en la que los involucrados en el Caso La Línea se repartieron las ganancias del soborno cobrado a los importadores en la aduana Puerto Quetzal, Escuintla.
Los porcentajes para cada miembro de la estructura varían, pero la mayoría se fija en el 5%, según lo que se ha podido descubrir hasta ahora.
Por ejemplo, Juan Carlos Monzón recibió en una ocasión una cuota de 2.3 millones de quetzales, el exintendente Omar Franco recibió una vez 135 mil quetzales, y los que menos percibían eran los técnicos de aduanas, que a la semana promediaban 7 mil quetzales, lo que representaba recibir al mes como mínimo 28 mil quetzales.
En detalle
La representante de la CICIG, mientras pedía al juez Miguel Gálvez no otorgar medidas sustitutivas a los implicados, por el peligro de fuga y obstaculización a la averiguación de la verdad, explicó que en una reunión de finales de 2014 se reunieron Juan Carlos Monzón, Carlos Muñoz, exintendente de la SAT, Julio González, Herbeth Cabrera y Salvador González, alias "Eco", para decidir el porcentaje de repartición a la estructura.
En esa oportunidad, se acordó que se entregaría el 5% a Muñoz, 5% a Carlos Pinzón Ramos, y quien mayor ganancia tendría sería Eco, con un total del 9%, distribuidos en 7 y 2 por ciento, probablemente porque uno de los dos porcentajes tendría que otorgárselos a otra persona, que no aparecía en el esquema de La Línea.
En esa fecha se decidió que Herbeth Cabrera y Julio González de León recibirían el 5% y que serían “intocables”.
Al gerente de la Aduana de Puerto Quetzal, Julio César Aldana Sosa, le correspondía el 5%.
“Omar recibe Q135 mil”
Según una interceptación telefónica entre Mynor Pineda y Jorge Guillén, el primero reclama del porqué el ahora ex intendente Omar Franco recibía una alta comisión: “No hace nada y recibe 135 mil quetzales, mientras yo recibo 7 mil pesitos”, se quejó.
Administradores recibían
La retribución a los administradores de Puerto Quetzal se fijó entre los 8 mil 800 y 13 mil quetzales a la semana.
Los involucrados son Julio Robles Palma, quien según la investigación aceptó 8 mil 800 quetzales semanales. Robles logró en la audiencia que el juez le beneficiara con una medida sustitutiva de arresto domiciliar en lugar de la prisión preventiva.
Discutieron por una deuda
Las escuchas telefónicas también lograron evidenciar, según la CICIG, la discusión que se generó entre los administradores de la SAT en el Puerto Quetzal y la estructura externa; los primeros reclamaron a Javier Ortiz “Teniente Jerez” sobre una deuda de 150 mil quetzales. “Si no son cancelados, no trabajan”, dijo.
En esa oportunidad, Jerez intentó apaciguar los ánimos haciendo alarde de su experiencia en el tema: "Tengo 18 años de experiencia en esto”, se le escuchó decir.
También se descubrió el descontento que existía entre los administradores de la SAT, quienes hicieron saber que ya no querían trabajar con Gustavo Morales, preferían hacerlo directo con el “Teniente Jerez”.
Orden perfecto para cobrar los sobornos
Según registros de los propios implicados, las ganancias en 24 horas podían ser de medio millón de quetzales.
Esto lo comprueba el MP con documentos que fueron incautados en los allanamientos efectuados a la oficina y vivienda de Salvador González, "Eco", quien se encargaba de realizar un inventario de las ganancias.
Eco digitalizó toda la información de las empresas a las que cobraban, registró los números de las declaraciones aduaneras y los montos pagados a la SAT y a la “Cola” o soborno.
Su método ordenado facilitó entender a los fiscales cómo cobraban y cuánto recibían.
En uno de los registros del 6 y 7 de octubre de 2014, se contabilizó una ganancia de 553 mil quetzales, lo que presumiblemente era el reporte de 24 horas del tráfico por la aduana.
Ante toda esta información, el MP ha determinado que agregará nuevos delitos a los 28 sindicados.
Ahora se encuentran ligados a proceso y en prisión preventiva por asociación ilícita y defraudación aduanera.
