La Fiscal General, Thelma Aldana, y el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velásquez, llegaron al primer aniversario del caso La Línea en una conferencia de prensa que volvió sacudir las aguas y abrir la caja de los truenos, con el destape de otro escándalo de corrupción: el de la concesión de la Terminal de Contenedores Quetzal, TCQ.
Este nuevo proceso ha estremecido a círculos políticos y empresariales con la detención de 14 personas --entre ellos el director de TCQ, Juan José Suárez; el ex secretario y yerno de Otto Pérez Molina, Gustavo Martínez; un lavador de dinero, Jonathan Chévez; y varios sindicalistas-- la orden de arresto internacional contra el abogado Allan Marroquín y el ex piloto de Roxana Baldetti, Guillermo Lozano y la solicitud de antejuicio contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas René Charchal.
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La onda expansiva de este nuevo proceso va más allá de nuestras fronteras, pues TCQ está relacionada con el Grupo TCB, que opera en varios países del mundo.
En Guatemala, este caso complica la situación del ex presidente Pérez Molina y su compañera de fórmula en la política y la corrupción, Roxana Baldetti.
El ex mandatario se ha burlado varias veces de las acusaciones esgrimidas en su contra durante las diligencias del caso La Línea.
Uno de los argumentos más socorridos de Pérez Molina es que los investigadores “apenas” han logrado documentar sobornos por 28 millones de quetzales, un monto que él considera insuficiente, incluso "ridículo", para hacerlo sucumbir en delitos de corrupción.
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El caso de la Portuaria Quetzal le pone una tapa a ese argumento, pues según informaron Aldana y Velásquez en conferencia de prensa, en el “negocio” de TCQ se acordó una comisión de 30 millones de dólares para los gestores del mismo.
De esa suma, 24 millones y medio de dólares estaban destinados a la ex pareja presidencial; cinco millones a los socios internacionales y medio millón de dólares eran para gastos.
Los ex gobernantes no alcanzaron a cobrar la suma completa porque el inicio del caso La Línea complicó el desarrollo de las gestiones. Pese a ello, las autoridades sospechan que Pérez Molina y Baldetti perseveraron en sus intentos de cobro, incluso desde la prisión.
La situación legal de Pérez Molina y Baldetti se enreda aún más con este nuevo escándalo, que arrastra a más personajes relevantes que ya han sido cuestionados o incluso imputados.
Lo más significativo es el antejuicio solicitado contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas René Charchal Ramos, pues el señalamiento que Aldana y Velásquez han hecho en contra del togado ponen de nuevo sobre la mesa las anomalías cometidas en la elección de la Corte y los intereses perversos que ahí estarían representados.
La pregunta ahora es si habrá un pacto de impunidad mutua entre el Congreso y la CSJ, por los antejuicios pendientes de diputados y magistrados que deben conocerse de manera cruzada, o si por el contrario, las investigaciones pendientes del caso TCQ empujarán una reconfiguración de la administración de justicia.
Tenía razón el ex secretario privado de Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, cuando dijo, entre carcajadas, durante su audiencia de primera declaración, que él era “el eslabón que necesitaba el Ministerio Público”.
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La colaboración eficaz de Monzón en el caso TCQ ha abierto un nuevo proceso que podría mostrarnos el alcance y complejidad de la corrupción incrustada en nuestra sociedad.
Además, hay que señalar que TCQ no es la primera empresa que se ve beneficiada con privilegios especiales en la Portuaria. ¿Cuáles son las otras empresas que operan en el lugar? ¿En qué condiciones obtuvieron sus privilegios y cómo se comparan éstos con los obtenidos por TCQ?
