La jueza Silvia Violeta de León resolvió ligar a proceso penal a los 17 sindicados en el caso por el contrato irregular firmado entre el Instituto Guatemalteco de Seguro Social (IGSS) y la Droguería PISA, por servicios de diálisis peritonial. La juzgadora aún no resuelve si los envía a prisión preventiva o los beneficia con medidas sustitutivas.
Entre los involucrados, se encuentra Juan de Dios Rodríguez, presidente de la Junta Directiva, quien, durante las escuchas telefónicas presentadas por la fiscalía, fue identificado como JD y quien habría avalado el contrato de 116 millones de quetzales.
También figura como operador del negocio fraudulento, Otto Molina Stalling, hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling. Según estas mismas escuchas, Molina Stalling habría requerido el 15% de comisión del monto total del contrato.
Cómo resolvió
El presidente de la Junta Directiva del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, y el resto de integrantes, incluido el presidente del Banguat Julio Roberto Suárez, fueron ligados a proceso por el delito de fraude.
Según el MP, la Junta Directiva del IGSS aprobó y avaló el contrato irregular suscrito con la droguería PISA, sabiendo que la empresa no podía cumplir con los requisitos establecidos.
Otto Molina Stalling, hijo de la magistrada de la CSJ Blanca Stalling, también fue ligado a proceso por los delitos de asociación ilícita y cobro ilegal de comisiones. El MP también había pedido ligarlo por tráfico de influencias, pero la jueza explicó que la fiscalía no logró evidenciar a quién influyó.
En las escuchas telefónicas presentadas, se notó cuando Molina Stalling, en apariencia, mencionaba que pedirían por comisión 15%, mientras que el particular Herbert Rodolfo García-Granados proponía el 16%.
El otro negociador, según el MP, sería el médico nefrólogo Arturo Castellanos, a quién también se ligó a proceso por asociación ilícita.
Ramiro Armando Lorenzana Ortiz y Edgar René de la Peña Archila, representantes de la Droguería PISA, quedaron ligados a proceso por cohecho activo y asociación ilícita.
Según las escuchas presentadas por el MP, tanto Lorenzana como de la Peña negociaron con Molina Stalling el soborno para ganar el proceso de licitación, sin contar con el equipo necesario ni licencia sanitaria.
En relación con las enfermeras que integraron la Junta Licitadora, la juzgadora explicó que fueron responsables al adjudicar un evento que no conocían. Resolvió ligarlas a proceso por el delito de fraude. Se trata de:
1. Carmen Yadira Gil Quiñónez
2. Delia Haydeé Castañón Guerra
3. Mayra Lissbeth Gómez Suárez
4. Doris Elubia González Salazar
5. Alba Maritza Maldonado