El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) dieron a conocer las investigaciones en torno al contrato fraudulento por el servicio de hemodiálisis en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
El fraude se dio porque la empresa PISA, que ganó la licitación, no contaba con la infraestructura necesaria para ofrecer los 2 millones 582 mil 823 diálisis que requería el contrato, que finalmente fue adjudicado por 116 millones 227 mil quetzales.
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Otto Fernando Molina Stalling y Herberth Rodolfo García-Granados Reyes estuvieron al centro de las negociaciones, según determinó la Fiscalía.
Junto a ellos, el médico del IGSS Arturo Adolfo Castellanos Poou, quienes negociaron con los representantes de PISA, Edgar René de la Peña Archila y Ramiro Armando Lorenzana Ortiz.
Para lograr la adjudicación, se organizó una Junta de Licitación que, según las investigaciones, carecía de la personalidad, experiencia y carácter para conocer los detalles del contrato.
PISA, finalmente, debió subcontratar a otras empresas, ya que carecían del equipo para prestar el servicio.
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Según las escuchas telefónicas, del contrato de 116 millones de quetzales se exigió entre el 15 y el 16 por ciento de comisión para su adjudicación, lo que representa entre 17.4 millones y 18.6 millones de quetzales.
Álvaro Manolo Dubón González, que por el momento es el único prófugo de la esta red, y que funge como subgerente administrativo del IGSS, propició la conformación de la Junta de Licitación, conformada por Carmen Yadira Gil Quiñónez, Delia Aidé Castañón Guerra, Alba Maritza Maldonado, Mayra Gómez Suárez y Doris Eluvia González Salazar, quienes otorgaron el contrato a PISA.
Finalmente, la Junta Directiva del IGSS fue señalada por fraude, ya que avalaron el contrato, que evidenciaba anomalías.
Los miembros de la Junta Directiva capturados fueron: Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, presidente y ex secretario privado de Otto Pérez Molina; Julio Roberto Suárez Guerra, vicepresidente del IGSS y Presidente del Banco de Guatemala; el segundo vicepresidente, Jesús Arnulfo Oliva Leal, nombrado por la Universidad de San Carlos de Guatemala; y los tres vocales: Erwin Raúl Castañeda Rivera, nombrado por el Colegio de Médicos; Max Erwin Quirín Schoder, nombrado por los patronos, y Julia Amparo Lotán Garzona, nombra por los trabajadores del IGSS.
El único miembro de la Junta Directiva que no mereció captura fue el secretario Maynor Leonel Florián Corbell, ya que él no tiene derecho a voto y no firmó el acta.
Investigan muertes
Según la fiscal general, Thelma Aldana, se recibieron dos denuncias por este caso, provenientes de la Procuraduría de Derechos Humanos, que señaló por las muertes que se dieron a raíz de este caso.
Se trata de 17 muertes por peritonitis y 90 infectados. De acuerdo con Aldana, la Fiscalía de Delitos contra la Vida ya investiga el caso y no descartan que también se denuncie por negligencia médica y homicidio culposo, aunque por el momento no hay más detalles.
Los capturados
De los señalados, solo Arturo Adolfo Castellanos Poou está pendiente de captura. Por su parte, Juan de Dios Rodríguez ingresó a un centro asistencial privado, en donde los médicos aseguraron que requiere de una semana de reposo.
Autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) aún no habían determinado la gravedad de la salud de Rodríguez.
Asimismo, personal del Hospital 7-19 del IGSS protestó por la captura de Julia Amparo Lotán Garzón, representante de los trabajadores ante la Junta Directiva, ya que aseguran que debe desvincularse del caso.
