Por mandato legal, el 25 de diciembre las empresas de telefonía estaban obligadas a impedir que los presos pudieran usar telefónos celulares en las cárceles. Casi un mes más tarde, el primer análisis de cumplimiento de esta norma demostró que en ningún centro carcelario se ha bloqueado la señal en su totalidad.
El ministro de gobernación, Mauricio López Bonilla, entregará un informe detallado a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), pero desde ya admitió que en “la mayoría” de cárceles no se ha cumplido con el bloqueo, explicando que en ninguna la señal es nula, pues siempre, al menos existe la posibilidad de comunicarse a través de la red de una de las empresas de telefonía.
Mientras tanto, el presidente de la Gremial de Empresas de Telecomunicaciones, Acisclo Valladares, explicó que la Ley no les obliga a bloquear la señal telefónica, sino a implementar soluciones técnicas para evitar la comunicación de celulares desde los centros carcelarios. De esa manera, han puesto tres soluciones en marcha: 1) la instalación de bloqueadores de señal, 2) reorientar las antenas y usar inhibidores 3) bloqueo de números específicos, previamente identificados. Sin embargo, aún hay problemas que deben resolver y por ello las empresas no han logrado bloquear los teléfonos que usan los reos.
“Necesitamos la cooperación, en todo momento, de las instituciones del Estado”, dijo Valladares. Según explica, en seis cárceles no les han autorizado usar la energía eléctrica del lugar y han tenido que implementar generadores temporales. “En la cárcel de Puerto Barrios el alcalde nos dijo que no nos daban luz hasta que recibiera una carta del Ministerio”, agrega Valladares.
Pese a ello, el ministro Bonilla insiste en que se han brindado todas las facilidades para que las empresas de telefonía cumplan con su obligación.
Lo que dice la Ley
La Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura establece en su artículo 3, titulado "Control de telecomunicaciones en centros penitenciarios", que los operadores de redes locales de telefonía móvil “deben implementar soluciones técnicas” para que “no se pueda generar tráfico de telecomunicaciones móviles”.
Las autoridades del Sistema Penitenciario deberán realizar un monitoreo cada 15 días para asegurarse que se cumpla con ello. De lo contrario, la Superintendencia de Telecomunicaciones impondrá al operador una multa que oscila entre 300 mil y 500 mil quetzales por cada centro carcelario.
