Con el propósito que se suspenda la Ley de Tarjetas de Crédito que entró en vigencia este 8 de marzo, representantes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la misma.
Según el presidente del Cacif, Jorge Briz, la acción que se planteó ante la Corte de Consititucionalidad (CC), responde que tras un análisis legal se advirtió una serie de inconstitucionalidades que dan muestra de un proceso legislativo viciado.
Asimismo, Briz indicó por medio de un comunicado de prensa que otra de las deficiencias es que las modificaciones no fueron consultadas con especialistas financieros y que tampoco se cumplió con que fueran aprobadas por mayoría calificada.
El sector privado también señaló que al nombrar a la Superintendencia de Bancos como contralor de todo el crédito comercial nacional se violan las condiciones confidenciales de los usuarios.
Contra la normativa que entre otros cambios, estipula limitaciones en los cobros e intereses de las tarjetas, ya se plantearon acciones por parte de la ABG y la Asociación de Emisores de Medios de Pago de Guatemala en el pasado; sin embargo, el pleno de magistrados de la CC las rechazó.
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