Luego que instituciones bancarias y canales de televisión fueran señalados dentro de una estructura criminal que giraba en torno al financiamiento electoral ilícito, estos se pronunciaron contra las acusaciones.
El banco G&T Continental emitió un comunicado en el que aseguran que son: “Una entidad sólida, solvente y con altos índices de liquidez que garantizan los depósitos de sus clientes”, y que “cuentan con una intachable trayectoria de 60 años, altos valores éticos y vocación de servicio”, según se lee en el texto.
Además expresaron su solidaridad con el expresidente de la Junta Directiva de dicha institución bancaria, Flavio Montenegro quien tiene una orden de captura en su contra; en el comunicado afirman que están seguros que el sindicado aclarará su situación.
Por su parte el Banco de Desarrollo Rural (Banrural) también aseguró en un comunicado que han actuado con estricto apego a la legislación financiera nacional e internacional y que han colaborado con la información requerida por las autoridades.
También indicaron que han tomado las “medidas administrativas necesarias para facilitarles a los funcionarios señalados, para que puedan aclarar su situación personal ante las autoridades”. La institución bancaria afirmó que seguirán trabajando con normalidad.
Mientras tanto, los canales de televisión 3 y 7 afirmaron que la pauta publicitaria fue obtenida a través de un proceso de licitación y que hacen ver a la opinión pública que cumplieron con los requisitos de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y que fueron autorizados por las entidades correspondientes.
“Los canales 3 y 7 reiteran su compromiso con los ordenamientos legales del Estado de Guatemala”, dice al finalizar el comunicado, sin referirse a los pagos que recibieron de las empresas de cartón de la exvicepresidenta Roxana Baldetti y el exmandatario Otto Pérez Molina.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), reiteró a través de un comunicado su compromiso por la transparencia y la lucha contra la corrupción. Además que “el proceso judicial debe garantizar los derechos constitucionales de presunción de inocencia y legitima defensa para los señalados”.
