La detención de menores involucrados en homicidios ha aumentado un 620% en 2014.
En los primeros tres meses de 2014 la Policía Nacional Civil capturó a 36 jóvenes que no han cumplido los 18 años. Un año antes, en el mismo periodo, fueron cinco los menores detenidos, según el Organismo Judicial.
En los últimos treinta días las autoridades han informado de la detención de al menos 10 menores acusados de asesinato.
Un niño de 14 años, por ejemplo, fue capturado el 5 de agosto por matar a tiros a un piloto del transporte público.
Un día antes, otro adolescente de 15 años fue enviado a un juzgado con una pistola Glock en su poder acusado de matar a una mujer.
La lista continúa con un joven de 16 años, supuesto sicario detenido al conducir un vehículo robado, y con otro de la misma edad, apodado "Lombriz", capturado después de confesar que asesinó a German Leonel Muy Motta, un conductor de autobús.
La ley guatemalteca, siguiendo los convenios internacionales, impone un máximo de seis años de privación de libertad por homicidio para los menores de 18 años. En cuanto a los adultos, la pena llega actualmente a los 25 años.
A mediados de julio se presentó en el Congreso una iniciativa de ley que permitía aumentar las sanciones para los menores de edad de hasta 15 años.
Inversión en niñez
"El gasto público destinado a la niñez y adolescencia en Guatemala es de 70 centavos de dólar diario por cada menor", explica Alejandra Contreras, investigadora del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
"La sociedad debe comprender que es erróneo criminalizar a los niños", agrega la investigadora, quien recuerda un contexto en el que casi ocho de cada diez menores viven en condiciones de pobreza.
Los cuatro centros correccionales juveniles (tres para hombres y otro para mujeres) recluyen actualmente a alrededor de mil menores. En 2012 eran aproximadamente 500, según datos de la Secretaría de Bienestar Social (SBC).
La mayoría de los menores están detenidos por el delito de extorsión (18.3%), seguidos por asesinato (15 %), violación (14 %) y robo (13,2 %).
