Una solicitud de antejuicio contra el diputado Pedro Muadi y la captura de dos personas es el resultado de operativos efectuados este jueves por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con el fin de desarticular una estructura que desviaba fondos del Congreso a través de plazas.
Todo empezó en 2013, cuando Muadi asumió la presidencia del Legislativo. En ese entonces, el parlamentario contaba con un equipo de 15 guardias, que cuidaba de él y su familia.
En junio de 2013, se ofreció a los agentes del Grupo SIS, que trabajaban para Muadi, la posibilidad de incrementar su salario (5 mil quetzales) si laboraban para el Congreso. Ante la oferta de sumar 2 mil quetzales cada mes, el equipo aceptó y proporcionó su papelería a Claudia María Bolaños, secretaria del legislador.
Este grupo delictivo conformado por funcionarios del Congreso de la República, estaba organizado con el objetivo de sustraer fondos públicos
Se gestionó a través de recursos humanos del Congreso, que se aprobaran 15 plazas en renglón 022 con un salario mensual de 8 mil quetzales a los agentes, quienes se vieron obligados a abrir una cuenta bancaria en la que Bolaños tuviera firma autorizada.
Por este caso fueron aprehendidas dos personas. Claudia María Bolaños Morales y José Estuardo Aguilar. pic.twitter.com/chaqxRt1HS
A partir de julio, se empezaron a emitir los cheques que eran depositados en las cuentas de los agentes, de las que Bolaños retiraba los 2 mil quetzales prometidos y se los entregaba, mientras que el saldo era trasladado a una cuenta a nombre de la empresa Productos, Servicios y Equipos, S.A. (PSE), propiedad de Muadi y administrada por Bolaños.
Tras recibir una denuncia, en febrero de este año, por parte de Acción Ciudadana, en la que se señalaba la existencia de una estructura de plazas fantasma en el Parlamento, se dio inicio a la investigación.
Iván Velásquez, titular de la CICIG, explicó que la estructura, presuntamente conformada por Muadi, Bolaños y José Estuardo Blanco, jefe de SIS, habría desviado alrededor de 630 mil quetzales del Congreso. Por esto se capturó a los dos últimos y se presentó una solicitud de antejuicio contra el legislador.
El Comisionado llamó a denunciar este tipo de acciones para poner fin a la corrupción en las instituciones estatales.
La fiscal general Thelma Aldana informó que con la solicitud presentada esta mañana a la Corte Suprema de Justicia, se adjuntaron fotocopias de los contratos 022, un estudio realizado en el registro mercantil, estados de cuenta y un comparativo de transacciones bancarias.
Asimismo, se llevaron a cabo siete allanamientos que permitieron la detención de los referidos y la obtención de documentación que respaldará la investigación y permitirá establecer si existen más implicados.
