A través de un comunicado de prensa, la empresa APM Terminals, propietaria de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), informó que aceptó la propuesta que les permitirá operar, aceptando que el Grupo TCB adquirió el contrato de forma ilícita, para lo cual están de acuerdo en ofrecerle una reparación civil al Estado de Guatemala y cumplir con el resto de condiciones que se les impondría.
Ahora corresponde a la Procuraduría General de la Nación (PGN), decidir si acepta la propuesta del interventor Alexander Aizenstatd y el sí de APM Terminals.
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Susanne Martson, vicepresidenta de APM Terminals, dijo que “esperan que las autoridades acepten los términos de la propuesta y puedan así alcanzar un acuerdo para comenzar a operar esta necesaria y moderna terminal, puerta de entrada al Océano Pacífico, tan importante para el crecimiento económico y la competitividad de Guatemala y que aliviará la congestión actual en dicho puerto”.
La empresa APM Terminal se convirtió en propietaria de TCQ en 8 de marzo de 2016, como parte del proceso de adquisición de la compañía Grup Maritim TCB. Después de dicha adquisición, APM Terminals se enteró de la presunta conducta indebida, realizada varios años antes por el propietario anterior. A pesar de no estar asociado a estas acciones, APM Terminals se toma muy en serio cualquier denuncia de corrupción. Por eso la compañía inició inmediatamente una investigación interna y ha cooperado en todo momento con las autoridades en su
APM Terminals aceptó la alternativa que ofreció el interventor el jueves pasado, el cual incluye: 1) que APM rescinda el contrato voluntariamente, 2) que APM reconozca la ilegalidad del contrato y 3) que se negocie un nuevo contrato, ratificado por el Congreso. Este nuevo contrato tendría las siguientes condiciones:
- La concesión será de 21 años (ya no 25)
- Al concluir la concesión, la maquinaria, en especial las grúas, pasarán a poder del Estado
- APM comprará una máquina de Rayos X para inspeccionar toda la carga
- APM se responsabilizará por todas las instalaciones
- La empresa firmará un contrato con cláusulas de ética y anticorrupción
- APM pagará 43.2 millones de dólares, como reparación civil
- La propuesta no afectará el proceso penal en contra de los responsables, nacionales o extranjeros
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