El rechazo a la fijación de salarios mínimos diferenciados en cuatro municipios continúa creciendo y el cuestionamiento de su legalidad ya ha sido planteado a la Corte de Constitucionalidad, ente que en 2015 los dejó sin efecto.
El Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG) presentó una acción de inconstitucionalidad total en contra de los Acuerdos Gubernativos 304, 305, 306 y 307, emitidos el 30 de diciembre de 2015, por el presidente Alejandro Maldonado.
Los acuerdos, que son calificados por el MSICG como “una norma que vulnera los derechos humanos de los trabajadores”, establece un salario mínimo en los municipios de Masagua, Escuintla; Estanzuela, Zacapa; Guastatoya y San Agustín Acasagustlán, El Progreso, que está debajo del fijado para el resto del país.
El MSICG advirtió que además de la acción de inconstitucionalidad que ingresó con el número 3-2016, es la primera de una serie de medidas que implementarán para revertir los Acuerdos.
A decir de representantes del MSICG, este tipo de medidas que son “contrarias a la Constitución y a los intereses del Estado”, son las responsables del incremento de la pobreza, la pobreza extrema y la desnutrición crónica en Guatemala.