Para nadie es un secreto que los últimos cuatro años se han caracterizado por precariedad en el sistema de salud nacional, pese a ello en agosto de 2013, los funcionarios que entonces dirigían la cartera firmaron un Pacto Colectivo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG) que requirió un gasto de 24 millones de quetzales en honorarios.
El abogado César Landelino Franco cobró 24 millones de quetzales para la negociación, suscripción y firma del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo; de estos, 14 millones de quetzales habrían sido pagados con recursos del Estado, en tanto que 6.4 millones, fueron descontados a los empleados de la cartera en 2014. Y un monto de 3.6 millones que se canceló durante 2015.
Lo anterior fue dado a conocer por el ministro de Salud, Mariano Rayo, al explicar el dictamen que la Procuraduría General de la Nación (PGN) efectuó al acuerdo referido que abarca el 32.85 del presupuesto de salud.
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El documento que además comprende el traslado del personal temporal a un renglón 011, aborda la nivelación de los salarios que están por debajo del mínimo, bonos por antigüedad, bonificación del 20 por ciento sobre el salario base, licencias sindicales y otras condiciones que suman un total de 29 beneficios para los empleados de salud.
De acuerdo con estimaciones del Mspas, del presupuesto aprobado para la cartera, que asciende a 5 mil 531.6 millones de quetzales, 1 mil 670.2 millones serían destinado a pagos correspondientes al Pacto.
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Ante la posibilidad de que las autoridades de Salud y del Ministerio de Trabajo hayan incurrido en responsabilidades legales, “desbordando sus facultades de las que están investidos en detrimento del patrimonio del Estado”, Rayo advirtió que se denunciará a los involucrados en la suscripción del Pacto.
El pacto firmado el 21 de agosto de 2013, posee la firma de ocho funcionarios: el entonces ministro, Jorge Villavicencio; el director de Recursos Humanos del Mspas, Jorge Pérez; el Coordinador de Asesoría Jurídica del Mspas, Leonel Batres; y el Jefe del Departamento de Desarrollo de Servicios de Salud, Edgar Lara.
Pacto ColectivoTambién figuran las firmas del Supervisor de Hospitales, Carlos Quijada; la gerente general administrativo del Mspas, Edna Prera; la asesora jurídica, Susy Ríos; y el jefe de administración de Recursos Humanos, Byron Ponce.
Rayo añadió que la investigación también deberá determinar la responsabilidad de los entonces gobernantes, Otto Pérez y Roxana Baldetti, ya que no descarta que hubiese presión por parte de ellos para la firma del acuerdo por tratarse de una de sus promesas de campaña.
Cabe destacar, que la titular de la PGN, María Eugenia Villagrán, dio a conocer que desde finales de 2015 accionó contra los exministros Villavicencio y Luis Monterroso (Salud) y Carlos Contreras (Trabajo) por incurrir en abuso de autoridad al aprobar el Pacto en mención.
Este 6 de enero, la Junta de Médicos del Hospital Roosevelt también denunció que un total de 874 empleados de este centro asistencial no ha recibido el salario correspondiente a diciembre.
La mayoría del personal a quienes se les adeuda, no solo en el Roosevelt, sino a nivel general, pertenecen al denominado subgrupo 18, es decir los que pertenecen al renglón 182 y 189 que comprende al personal médico, técnico y administrativo.
Al respecto, el viceministro de Atención Primaria, Juan Antonio Villeda, aseguró que ya se ha tenido acercamientos con la Cartera de Finanzas, por lo que en los próximos días se estará erogando lo correspondiente al sueldo de diciembre.
